A tan solo cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación delicada, caracterizada por divisiones internas, acusaciones de corruptelas y una notable caída en las encuestas de votación. En un panorama electoral cada vez menos predecible, el desgaste que ha sufrido el partido que gobierna podría llevar a la conclusión de su tiempo en el poder.
Rupturas internas y falta de unidad
La designación de Rixi Moncada como la postulante del oficialismo reveló conflictos latentes en LIBRE. La dimisión subsiguiente del legislador Jorge Cálix, alguien con experiencia en la organización, puso de relieve diferencias significativas sobre la dirección política y el liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron del grupo, criticó prácticas dictatorial y un ambiente de marginación.
En consecuencia, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo de la presidenta Xiomara Castro y también de Moncada. Sin embargo, estos eventos no consiguieron cambiar la impresión de una institución debilitada, y varios grupos los ven como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto desfavorable.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
Aunque estas determinaciones parecieran ser contundentes, grupos de oposición, especialmente el Partido Nacional, las evaluaron como maniobras simbólicas para desviar la atención. Según sus representantes, las acciones del oficialismo no han supuesto sanciones reales ni investigaciones efectivas que aseguren rendición de cuentas.
Inquietud en el sector privado y solicitudes para detener la degradación institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Desplome en las encuestas y reconfiguración del mapa electoral
Los sondeos de opinión más actuales muestran una disminución rápida de LIBRE en la preferencia electoral. Según la información recolectada entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha variado entre el 11 % y el 28.5 %, mucho menos que el 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la fluctuación entre sondeos, indica una base de votantes dividida y en búsqueda de otras opciones.
Simultáneamente, aspirantes que compiten, tales como Salvador Nasralla y Nasry Asfura, han incrementado su popularidad, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones del público también reflejan el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro obtiene una nota promedio de solo 4.1 sobre 10, en un entorno caracterizado por escándalos sin solución y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
La actual coyuntura coloca a LIBRE frente a un desafío de gran magnitud. La combinación de crisis internas, deterioro institucional, pérdida de credibilidad y rechazo ciudadano ha debilitado su posición de cara a las elecciones generales. De mantenerse esta trayectoria, el oficialismo corre el riesgo de no solo perder el control del Ejecutivo, sino de ver comprometido el proyecto político que lo llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará ligado a la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, escuchar las demandas de la sociedad y proporcionar soluciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.