En el contexto preelectoral hondureño, la figura de Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ha visto envuelta en una serie de controversias relacionadas con el manejo de recursos estatales y denuncias por presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones, que abarcan desde procesos judiciales locales hasta demandas en instancias internacionales, se suman a un panorama político marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Acusaciones por mal manejo de fondos sociales
Uno de los principales cuestionamientos hacia Moncada se centra en la utilización de recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. De acuerdo con denuncias actuales, recursos públicos podrían haber sido dirigidos hacia grupos relacionados con el partido en el poder, lo cual ha avivado críticas sobre la aplicación de programas sociales con intenciones políticas.
Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de creciente demanda por mayor claridad en el manejo del gasto público durante un año electoral, en el que diversos sectores han pedido una regulación más rigurosa en la administración de recursos asignados a la ayuda social.
Denuncia internacional ante el FBI
El asunto adquirió una dimensión global a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, quien es de nacionalidad estadounidense, interpuso una demanda ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y a otros representantes del gobierno. La denuncia señala irregularidades en la administración y abuso de funciones públicas que podrían haber impactado en las inversiones del exterior en el país.
Hasta el momento, la aspirante de LIBRE no ha emitido ningún comentario públicamente sobre esta acusación, la cual podría tener repercusiones diplomáticas si progresa en tribunales en el extranjero. La falta de posicionamiento oficial ha intensificado la discusión sobre la habilidad de reacción del sistema político de Honduras frente a desafíos internacionales.
Recorrido de estudios y consultas anteriores
Las disputas alrededor de Moncada no son una novedad. En los años 2009 y 2013, se le investigó por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de conexiones con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambos casos, la justicia de Honduras otorgó sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de control.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por supuesto desvío de fondos públicos en contra de Moncada y otros servidores públicos. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han divulgado los detalles de la situación, lo cual ha causado incertidumbre respecto al progreso del proceso judicial y ha aumentado las dudas sobre la claridad del procedimiento.
Conflictos institucionales y dudas acerca del ejercicio del poder
Además de los señalamientos por corrupción, la candidatura de Moncada ha estado marcada por críticas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas mientras busca la presidencia. Algunos sectores han cuestionado su rol en la formulación de propuestas y auditorías que, según detractores, exceden las atribuciones del cargo que ocupa, lo que ha generado un debate sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional.
Las críticas aumentan debido a que la candidata ha conservado posiciones oficiales durante su campaña, lo que ha suscitado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y el uso potencial de recursos del estado en favor de su candidatura. Entidades de la sociedad civil han llamado a intensificar la supervisión ciudadana y a reforzar mecanismos de responsabilidad para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Una situación caracterizada por la falta de confianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada destaca los retos que enfrenta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el debate sobre la gestión de los recursos públicos se han transformado en temas principales del diálogo nacional.
Aunque las autoridades no han aclarado cómo avanzan judicialmente las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles impactos que podrían afectar directamente la legitimidad de las elecciones de 2025 y cómo los ciudadanos perciben la independencia de las instituciones.