A poco más de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el oficialismo hondureño enfrenta una creciente deslegitimación pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que encabeza el gobierno desde 2022, ha sido objeto de acusaciones por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y sectores de la sociedad civil, que denuncian presuntas maniobras para alterar el proceso electoral y aferrarse al poder en medio de una pronunciada caída en las encuestas.
Disminución en el respaldo electoral y falta de confianza
Recientes sondeos de organizaciones como Pro Encuestas y TResearch muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha ido disminuyendo de manera constante. Aunque comenzó liderando, Moncada ha sido desplazada en los resultados por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas atribuyen este descenso a una combinación de factores: denuncias de corrupción en la administración pública, fracturas internas dentro del oficialismo, bajo rendimiento económico y una creciente percepción ciudadana de opacidad en la gestión gubernamental. La erosión del respaldo popular ha coincidido con un endurecimiento del discurso político desde el Ejecutivo y con señales de tensión institucional que han encendido las alarmas en distintos sectores.
Sospechas sobre el proceso electoral y control institucional
Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.
También se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar el despliegue del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), esencial para garantizar la claridad del conteo. Las inquietudes han aumentado dentro del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), con consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall manifestando presiones y esfuerzos por obstruir su labor.
Las entidades empresariales y los miembros de la oposición consideran estas acciones como un intento de asegurar el dominio institucional del sistema electoral, reducir la observancia externa y brindar al gobierno una mayor capacidad de acción frente a una posible derrota electoral.
Denuncias sobre inclinaciones ideológicas y ambiente de enfrentamiento
La organización de un encuentro del Foro de São Paulo en Tegucigalpa, con la asistencia de delegaciones provenientes de gobiernos progresistas del área, revivió la discusión sobre las relaciones exteriores del partido LIBRE. Críticos indicaron que estos lazos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían intentarse implementar modelos de control político que fomentan la centralización del poder y limitan la participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
Según estas denuncias, colectivos afines al oficialismo habrían protagonizado acciones disruptivas en espacios clave como el Congreso Nacional y el CNE, en una dinámica que podría contribuir a erosionar la credibilidad del proceso electoral e intensificar la polarización política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un escenario electoral cada vez más dividido y con el gobierno perdiendo apoyo popular, Honduras se dirige hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, las tensiones dentro de las instituciones y las críticas a las normas democráticas.
Varias organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y líderes políticos han enfatizado la importancia de una supervisión internacional sólida y de mecanismos de protección que aseguren la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
La situación presente revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en el país, sino también la problemática para guiar la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones estatales.