En Honduras, la construcción del proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, desarrollado por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), ha ocasionado tensiones con la comunidad indígena lenca de Sazagua, en el departamento de La Paz. Este proyecto, según denuncias, fue edificado sobre terrenos destinados originalmente a la reforma agraria, adquiridos de manera irregular y a precios extremadamente inflados.
Los habitantes de Sazagua aseguran que la hidroeléctrica fue construida sin su consentimiento, como exige el derecho a la consulta previa, libre e informada. El conflicto se remonta a 2009, cuando algunos miembros de la comunidad notaron la presencia de maquinaria en sus tierras sin acuerdos previos. José Portillo, uno de los afectados, señaló que su familia fue intimidada por la empresa luego de intentar reclamar sus propiedades. Tanto él como sus parientes enfrentan, actualmente, cargos legales bajo acusaciones de usurpación, mientras la empresa continúa operando.
Las tierras destinadas al proyecto abarcan áreas protegidas por la Ley de Reforma Agraria, que impide su venta o la utilización con propósitos distintos a los agrícolas. Registros oficiales señalan que CECA compró predios ubicados al otro lado del río Sazagua por montos que superaban en miles de veces su valor inicial. También se reporta que el exalcalde de Santiago de Puringla, Javier Argueta Turcios, otorgó a la empresa 45 manzanas en dominio pleno sin consultar a las comunidades afectadas, hecho que ha sido considerado otra anomalía.
El impacto ambiental es igualmente alarmante. La comunidad denuncia que el desvío del río Sazagua ha afectado la biodiversidad, contaminado el agua y reducido el acceso a este recurso vital. Además, las promesas iniciales de empleo y desarrollo social nunca se cumplieron, lo que ha incrementado la pobreza y la desigualdad en la región.
Las irregularidades vinculadas con este proyecto también alcanzaron a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna). En 2015, la institución sancionó a CECA por alterar de forma ilegal la capacidad de generación de la hidroeléctrica, incrementándola de 7.3 a 9.6 megavatios de potencia sin tramitar una nueva licencia ambiental. Aunque la sanción fue simbólica, el proyecto continuó en funcionamiento y siguió aportando beneficios a la empresa.
El caso de Puringla-Sazagua no constituye una excepción en Honduras, pues numerosos proyectos extractivos se han desarrollado en territorios indígenas y campesinos, provocando tensiones sociales y daños ambientales, y aunque se han presentado denuncias locales junto con reportes de violaciones de derechos, las instituciones estatales no han dado prioridad a respuestas que resguarden a las comunidades perjudicadas.
Este proyecto evidencia las profundas desigualdades y tensiones que han marcado la historia del país, donde reiteradas promesas de progreso han terminado favoreciendo solo a unos pocos, mientras la mayoría queda expuesta a la vulnerabilidad y a procesos de desplazamiento forzado.
Procedencia: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/11/18/hidroelectrica-construida-irregularmente-en-tierras-de-la-reforma-agraria-amenaza-a-comunidad-indigena-en-honduras/])