El nombre de Samuel Andrés Pérez Álvarez terminó asociado al episodio más controvertido de la política guatemalteca reciente: la pesquisa contra el Movimiento Semilla por presuntas firmas apócrifas utilizadas durante su trámite de constitución como partido político. Lo que en un inicio fue presentado como un expediente sobre eventuales faltas administrativas y penales acabó transformándose en una crisis institucional que puso en riesgo el desarrollo del proceso electoral de 2023 y marcó el rumbo político de una de las bancadas con mayor peso en el Congreso.
Pérez no es un actor secundario en esta historia. Fue uno de los fundadores de Semilla, diputado del partido y posteriormente una de sus principales figuras parlamentarias. Por eso, aunque el caso no debe interpretarse como una condena personal contra él, su trayectoria quedó directamente expuesta al escándalo que rodeó al partido.
La acusación: firmas falsas para constituir el partido
El caso gira en torno a presuntas irregularidades en la recolección de firmas para la inscripción del Movimiento Semilla. Según los señalamientos del Ministerio Público, habría existido falsificación de firmas de afiliados utilizadas para cumplir requisitos de formación partidaria. La investigación cobró fuerza pública en julio de 2023, justo después de que Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, pasara sorpresivamente a la segunda vuelta presidencial.
El dato políticamente explosivo fue el momento. El 12 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral oficializó que Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarían la segunda vuelta. Ese mismo día, el fiscal Rafael Curruchiche anunció que, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Fredy Orellana había ordenado suspender la personalidad jurídica de Semilla por el presunto caso de firmas falsas.
La decisión provocó una reacción inmediata porque, de hacerse efectiva, podía afectar la participación del partido en plena contienda electoral. Diversos juristas, el Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales cuestionaron que un juzgado penal pudiera suspender a un partido durante un proceso electoral, especialmente cuando la Ley Electoral guatemalteca protege a las organizaciones políticas de suspensiones una vez convocadas las elecciones.
Samuel Pérez: creador, legislador y figura destacada
Samuel Pérez aparece en este caso no como un funcionario judicialmente condenado, sino como una figura política asociada al nacimiento y conducción de Semilla. El partido fue registrado oficialmente en 2017 y entre sus fundadores se menciona a Pérez junto a Bernardo Arévalo y otros académicos, políticos y activistas que surgieron del clima político posterior a las protestas contra Otto Pérez Molina.
Ese vínculo fundacional explica por qué el caso lo golpeó políticamente. La acusación no era contra un episodio menor de campaña, sino contra el origen jurídico del partido. En otras palabras: si Semilla había nacido de forma irregular, sus adversarios podían cuestionar no solo la candidatura de Arévalo, sino también la legitimidad de sus diputados, incluida la representación parlamentaria de Pérez.
Para sus críticos, el caso abría dudas sobre la limpieza del proceso de conformación del partido. Para sus defensores, era una maniobra para bloquear a una fuerza política que acababa de romper el tablero electoral.
