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La destitución del fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, aprobada por el Congreso Nacional el 25 de marzo de 2026, se presentó como algo más que un cambio institucional. De acuerdo con el análisis del texto, el relevo habría reforzado una reconfiguración política orientada a limitar la autonomía del sistema de justicia y a proteger intereses ligados a la corrupción.El artículo sostiene que el juicio político contra el titular del Ministerio Público se habría desarrollado con rapidez y con una mayoría amplia —93 votos—, lo que habría evidenciado, en su interpretación, una intención de neutralizar a un funcionario…











