En las últimas semanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de figurar entre los rostros más reconocibles del “sanchismo” a transformarse igualmente en objeto de críticas y recelos políticos. La gestión del caso Salazar, las denuncias sobre un presunto intento de soborno atribuido a un miembro de su partido en sede judicial, la interpretación distorsionada de una resolución judicial relativa a Begoña Gómez y ciertas decisiones polémicas dentro de Educación han situado su nombre en el centro del debate público.
El almuerzo con Paco Salazar en medio de la crisis por acusaciones de acoso sexual
El episodio más reciente y notorio corresponde a la comida que Pilar Alegría sostuvo con Francisco “Paco” Salazar, antiguo alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, en un momento en que ya circulaban denuncias internas por acoso sexual contra él y había sido retirado de sus responsabilidades.
La fotografía de ambos disfrutando juntos en una mesa de un restaurante de Madrid circuló ampliamente por medios y redes, provocando una intensa reacción tanto interna como externa: mientras el partido intentaba frenar la crisis por el trato dispensado a las víctimas, la portavoz se mostraba en público junto al dirigente cuestionado.
Ante la presión, Alegría acabó reconociendo que aquella comida constituyó un “error” que “no debería haberse producido”, explicando que asistió debido a la relación personal mantenida durante años con Salazar y porque aún no conocía con precisión los testimonios que más tarde difundirían los medios.
Más tarde, la ministra describió como “vomitivas” las conductas que se atribuyen a Salazar y remarcó su apoyo a las mujeres que lo señalan, reiterando que la atención debe centrarse en las víctimas y no en el impacto político para el PSOE.
No obstante, críticos tanto internos como externos al partido opinan que el encuentro culinario evidencia un doble rasero y una rectificación tardía, especialmente en un momento en que el PSOE ha sido cuestionado por demorar durante meses un contacto efectivo con las víctimas del caso Salazar.
La conducción pública del “caso Salazar” en su papel de portavoz
Más allá de la foto, Alegría está en el centro del relato oficial sobre cómo Moncloa y el PSOE han gestionado el escándalo. En varias comparecencias, la portavoz ha defendido que el Gobierno actuó con “rapidez y contundencia” en cuanto tuvo conocimiento formal de las acusaciones, resaltando el cese de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, acusado de encubrimiento.
Sin embargo, informaciones posteriores han mostrado que las denuncias llevaban meses registradas en el canal interno del PSOE sin que las víctimas fueran contactadas, y que el partido estaba elaborando el informe interno sobre el caso justo cuando estalló la polémica en los medios.
Varios programas de análisis político han puesto en evidencia discrepancias entre la versión difundida por las autoridades y la secuencia auténtica de los acontecimientos, resaltando que durante ese periodo Salazar aún ejercía una influencia discreta y que Alegría logró entrevistarse con él mientras el partido aseguraba no poder dar con su paradero.
En este aspecto, el “escándalo” no es tanto penal como político y comunicativo: se critica a la portavoz por defender una narrativa de diligencia y rigor que, a la luz de los datos, parece incompleta o demasiado benévola con el propio partido.
La supuesta entrega de un soborno de 60.000 euros: un asunto aún en controversia
Otro asunto especialmente sensible es la acusación de soborno planteada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien afirmó ante un juez que Pilar Alegría supuestamente le ofreció 60.000 euros e, incluso según algunas versiones, un cargo público a cambio de que retirara una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión se ha propagado por diversos medios y espacios de opinión, donde la exhiben como muestra de una presunta maniobra interna destinada a manejar discretamente silencios incómodos para el partido.
La distorsión del auto relacionado con Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría enfrentó una nueva controversia como portavoz al valorar la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente. Durante una rueda de prensa, la ministra expresó que, según el tribunal, la pesquisa resultaba “prospectiva, genérica e imprecisa”, insinuando que el auto cuestionaba la actuación del juez encargado.
El País expuso sin rodeos que el Gobierno había “tergiversado” el dictamen de la Audiencia, colocando a Alegría en el foco de una controversia por desinformación o, al menos, por un exceso de celo propagandístico al respaldar a la esposa del presidente.
Controversias administrativas dentro del sector de la Educación y otros debates complementarios
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría ha tenido que encarar también diversas críticas por ciertas decisiones en materia educativa: el proyecto de la nueva EBAU (Selectividad) contemplaba inicialmente una “prueba de madurez” que generó amplio rechazo entre comunidades y especialistas. Al final, el Ministerio optó por retirar dicho examen, amplió la duración de las pruebas e incorporó una tercera revisión, un movimiento interpretado como un evidente paso atrás ante la presión del sector.
En otros ámbitos, también ha asumido la responsabilidad de justificar decisiones controvertidas del Ejecutivo, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un caso judicializado y empleado por la oposición como supuesto ejemplo de un posible trato preferencial.
Su salida del Ejecutivo para centrarse en las elecciones en Aragón llega, precisamente, cuando estas controversias están más calientes que nunca, y plantea una incógnita: ¿se trata de un relevo político normal o de un intento de desactivar uno de los focos de desgaste que más dañan hoy la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?