La convocatoria de las iglesias católica y evangélica a una marcha por la paz y la democracia ha provocado una respuesta confrontativa del partido Libertad y Refundación (LIBRE). El intercambio de declaraciones y propuestas se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, a menos de un año de las elecciones generales de 2025, y plantea interrogantes sobre los límites de la acción política y religiosa en el espacio público.
Proyecto gubernamental para penalizar a la Confraternidad Evangélica
La socióloga Julieta Castellanos ha señalado que el creciente respaldo a la movilización religiosa ha generado incomodidad en sectores del partido gobernante. En este marco, el comisionado presidencial Miguel Briceño mencionó la posibilidad de retirar la personería jurídica a la Confraternidad Evangélica de Honduras. La propuesta ha generado amplias críticas de dirigentes opositores y representantes religiosos, que la consideran una medida restrictiva y un precedente de censura.
Oposición y líderes religiosos denuncian amenazas
El excandidato presidencial Salvador Nasralla advirtió que cualquier acción contra las iglesias sería interpretada como un avance hacia prácticas autoritarias, y anticipó una respuesta política en caso de que se concrete. Paralelamente, pastores y representantes de las iglesias organizadoras han denunciado amenazas de muerte y actos de acoso contra fieles y líderes que participen en la marcha. El pastor evangélico Mario Banegas confirmó estas denuncias y aseguró que la convocatoria seguirá adelante.
Un conflicto que expone la fragilidad del consenso democrático
La disputa entre LIBRE y las iglesias ocurre dentro de un contexto de polarización y desconfianza en las instituciones. La fricción entre un partido político en el gobierno y organizaciones religiosas con gran influencia social genera una profunda discusión sobre la libertad de expresión, la participación cívica y las fronteras de la intervención del Estado. La proximidad de las elecciones intensifica la tensión y resalta el desafío de asegurar un entorno de convivencia democrática en un escenario altamente conflictivo.