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Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.
Debate por comentarios del representante
En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que la Ley de Justicia Tributaria podría ser ratificada «sin que se den cuenta» en el Congreso Nacional. A pesar de no haber explicado métodos específicos, diversos grupos interpretaron el comentario como una sugerencia de que el partido oficial, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría emplear métodos poco convencionales para aprobar la legislación.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, representante del Partido Liberal, expresó fuertes críticas hacia las afirmaciones. Según su opinión, sugerir la sanción de una normativa sin contar con el número requerido de votos y fuera del proceso legislativo adecuado «representa un ataque a la institucionalidad». Según ella, estas propuestas demuestran una falta de apoyo tanto técnico como social para una reforma con significativo impacto económico.
Reacciones del sector privado y constitucionalistas
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también reaccionó al señalamiento de Zelaya, alertando sobre las posibles consecuencias económicas de aprobar una reforma tributaria sin un debate amplio y transparente. Según esta organización, un escenario de esa naturaleza podría incrementar la incertidumbre para la inversión privada y afectar la estabilidad económica del país.
Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procedimientos parlamentarios podría resultar en impugnaciones por inconstitucionalidad. En específico, mencionaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y adherencia a los mecanismos institucionales establecidos.En simultáneo, expertos en derecho constitucional destacaron que cualquier esfuerzo por aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procesos legislativos podría generar desafíos por inconstitucionalidad. En especial, señalaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y respeto a los mecanismos institucionales previstos.
Aumento de la tensión política y supervisión opositora
A consecuencia de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas de oposición han manifestado que se mantendrán en “vigilancia continua” frente a eventuales intentos de aprobar la ley durante sesiones parlamentarias extraordinarias o sin actas correctamente validadas. Esta advertencia se produce en un escenario en el que la presidencia del Congreso, bajo el liderazgo de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas consideradas irregulares en la sanción de leyes.
El rechazo ciudadano también ha tomado forma en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón alcanzó alta visibilidad en pocas horas, reflejando el malestar ante la posibilidad de que una ley con implicaciones económicas y sociales relevantes sea tramitada sin la participación informada de todos los actores del sistema político.
Una visión de conflicto institucional persistente
El Legado de Justicia Tributaria sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el programa del gobierno presente, enfrentándose a objeciones tanto por su esencia como por el método en que se ha buscado incluirlo en la discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo reorienta el enfoque hacia esta propuesta legislativa, sino que destaca las disputas relacionadas con la gobernabilidad, la validación de los procesos legislativos y la urgencia de canales de comunicación eficientes.
En un entorno político caracterizado por la fragmentación y la desconfianza, cualquier iniciativa que pretenda modificar de forma sustancial el sistema tributario requiere, además del respaldo institucional, un proceso deliberativo que garantice la inclusión de múltiples voces y el respeto a los principios democráticos. La manera en que se conduzca este debate marcará un precedente en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales del país.