En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2025, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de actores políticos, empresariales y sociales que lo acusan de impulsar acciones que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias abarcan desde bloqueos a instituciones clave hasta intentos de control político del organismo electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Un asunto central de controversia ha sido la suspensión del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento considerado esencial para asegurar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, simpatizantes vinculados con LIBRE obstruyeron el acceso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, declaró que estas acciones representan un ataque frontal al proceso electoral, señalando su efecto desfavorable en la confianza hacia la institucionalidad democrática. La interrupción del desarrollo del TREP no solo postergó la planificación electoral, sino que también fortaleció la idea de que se busca crear un ambiente favorable para alterar los resultados.
Adicionalmente, se han reportado episodios de presión institucional por parte de grupos afines a LIBRE, incluyendo irrupciones en el Congreso Nacional y otras entidades públicas. Estos hechos, en conjunto, han sido interpretados por sectores opositores como parte de una estrategia orientada a debilitar el funcionamiento autónomo del CNE y facilitar su eventual control político.
Peligros de acumulación de poder en la entidad electoral
La chance de que los reemplazos del CNE, favorables al partido gobernante, tomen el cargo, si las consejeras actuales fueran inhabilitadas, ha generado preocupación entre grupos políticos que creen que este cambio debilitaría la diversidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y diversos foros de análisis se ha señalado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Ciertas personas han pedido que entidades internacionales intervengan para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al procedimiento y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha señalado un supuesto uso estratégico de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los intereses del gobierno.
Las preocupaciones actuales han llevado a varios grupos a solicitar un fortalecimiento en los sistemas de supervisión y monitoreo electoral, debido a lo que perciben como un peligro creciente para la honestidad del procedimiento democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Un punto adicional de crítica hacia LIBRE se centra en la difusión de encuestas que se consideran incorrectas o manipuladas, mostrando una gran ventaja para la precandidata del oficialismo, Rixi Moncada. Algunas de estas encuestas han sido desmentidas por las mismas empresas encuestadoras, las cuales han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y métodos.
La circulación de estos sondeos ha sido interpretada como parte de una estrategia para moldear la percepción pública e instalar la idea de un triunfo inevitable, lo que a juicio de sectores opositores busca condicionar el resultado electoral y deslegitimar una eventual derrota. Este tipo de prácticas ha contribuido a profundizar el clima de desconfianza que rodea al proceso electoral.
En un escenario ya caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la difusión de información falsa se ha transformado en un elemento adicional de inestabilidad, con posibles consecuencias en la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
En menos de cinco meses para las elecciones generales, el entorno presenta obstáculos significativos para la confianza en el sistema electoral y la estabilidad nacional. En esta situación, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restablecer las condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.