Los secretos de Agua Zarca: Filtraciones comprometen a red de sospechosos tras el crimen de Berta Cáceres

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Seis años después del asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres, recientes filtraciones plantean interrogantes sobre la implicación de los Atala Zablah en el proyecto Agua Zarca. Según el medio de noticias Confidencial de Nicaragua, se han expuesto comunicaciones privadas entre Daniel Atala Zablah, director de DESA, y su tío Jacobo Atala Zablah, ex banquero. 

La filtración evidencia presuntas presiones e influencias políticas de los Atala Zablah dentro del organismo financiero. Una actuación que contraviene advertencias sobre los altos riesgos socioambientales de la represa y los conflictos que enfrentaba, liderados justamente por Berta Cáceres.

Con familiares ocupando cargos directivos en el BCIE y liderando el principal grupo bancario, los Atala Zablah contaban con conexiones ideales para influir en la voluntad del ente prestamista. Esto alimentaba las sospechas en torno al controvertido crédito finalmente autorizado en 2014 a favor de DESA.

De acuerdo con los nuevos mensajes, el préstamo brindó alivio a Daniel Atala. No obstante, para Berta Cáceres y COPINH, solo anticipaba mayores conflictos con el proyecto. La tensión aumentó con más protestas denunciando irregularidades. Evaluadores advirtieron que DESA fomentaba la conflictividad contra los opositores.

Pero en el BCIE y el gobierno primaron los intereses empresariales sobre las alertas. El 3 de marzo de 2016, Cáceres fue asesinada. Posteriormente se desmanteló una red implicada, incluyendo exmilitares y al presidente de DESA, condenado como autor intelectual.

Los mensajes entre Daniel Atala y su tío Jacobo arrojan nueva luz sobre la polémica aprobación del préstamo para el proyecto Agua Zarca en 2014. En los textos, Daniel muestra desesperación por conseguir el dinero y consulta a «Jacko», apodo de su influyente tío Jacobo, sobre cómo lograrlo a través del BCIE.

Las auditorías internas del BCIE obtenidas por OCCRP señalaban graves advertencias previamente ignoradas sobre la falta de experiencia y capacidad financiera de DESA y de su círculo directivo, liderado por la familia Atala, para llevar adelante el complejo megaproyecto energético. A pesar de que DESA apenas valía 2 millones de dólares, se comprometía a ejecutar obras por 50 millones con el préstamo.

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Las alarmas no impidieron que el organismo aprobara el crédito multimillonario. En los mensajes, Daniel Atala expresaba no entender cómo pagaría los 44,4 millones que ahora debía. Presumía haber tenido que utilizar «canales traseros» con su tío Jacobo para agilizar un proceso que el propio BCIE calificaba como demorado.

Estas filtraciones cuestionan seriamente la idoneidad e independencia de la evaluación del organismo, considerando además que el padre de Daniel, José Eduardo Atala Zablah, accionista de la compañía propietaria de DESA, ocupó un cargo directivo en el BCIE en Honduras durante un período de dos años en la década de los 2000. Su tío, Jacobo Atala Zablah, es un destacado empresario hondureño reconocido por su gestión en el Banco BAC, una de las instituciones de préstamos más importantes del país. 

En 2021, una investigación llevada a cabo por Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, en colaboración con OCCRP, reveló que Jacobo Atala Zablah estuvo involucrado en la creación de varias empresas offshore dirigidas a Porfirio Lobo, quien desempeñó el cargo de presidente de Honduras entre 2010 y 2014. Esta revelación generó atención pública sobre las actividades financieras y conexiones de Jacobo Atala en relación con el gobierno hondureño durante ese período.

La filtración ilumina los oscuros intereses que se esconden detrás de un proyecto marcado por conflictos socioambientales desde sus inicios. Grupos indígenas locales advertían que la represa pondría en peligro su río sagrado y sus medios de subsistencia.

Berta Cáceres lideraba las protestas de COPINH y presentó una denuncia al Banco Mundial en 2013 detallando graves riesgos. Otro organismo cofinanciador, el FOMIN, se retiró tras esta alerta. No obstante, el BCIE hizo oídos sordos a múltiples advertencias.

La tensión se intensificó con nuevas agresiones de DESA hacia los opositores. Evaluadores independientes advirtieron que la empresa fomentaba la conflictividad contra ellos. Poco después, el 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en su casa por sicarios contratados por directivos de DESA, incluyendo al presidente Roberto David Castillo.

Estas revelaciones generan nuevas dudas sobre la presunta responsabilidad de los Atala Zablah en los graves errores del BCIE. Estos errores posibilitaron el asesinato de Berta Cáceres a manos de aquellos que respaldaban el controvertido proyecto Agua Zarca.