Medidas contra el crimen organizado en Honduras: Construcción de nueva prisión y designación de bandas como terroristas

Las autoridades hondureñas dieron a conocer el viernes una serie de medidas para combatir el crimen organizado, incluida la construcción de una prisión adicional, juicios masivos y la designación de miembros de pandillas como terroristas.

En transmisión nacional, la presidenta Xiomara Castro instó a las fuerzas de seguridad a intervenir urgentemente en municipios con altos índices de delitos como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de dinero. Estas medidas son similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien lanzó procesamientos masivos de presuntos pandilleros y construyó una «mega prisión».

En El Salvador, estas medidas fueron criticadas por grupos de derechos humanos, que denunciaron abusos, aunque lograron reducir el número de homicidios, aumentando la popularidad de Bukele. Funcionarios del gobierno hondureño anunciaron planes inmediatos para construir una prisión con capacidad para albergar a unas 20.000 personas en una región remota entre los condados de Olancha y Gracias a Dios, una expansión importante de la capacidad penitenciaria actual del país, que actualmente alberga a un puñado de personas. 20.000 presos estaban repartidos en 25 prisiones en condiciones de hacinamiento.

En ese contexto, indicaron que el Congreso hondureño debería reformar el código penal para que los narcotraficantes y miembros de bandas criminales que cometen los delitos específicos mencionados por Castro, como las «maras», sean catalogados como «terroristas» y enfrenten juicios colectivos. . Héctor Gustavo Sánchez, jefe de la Jefatura Nacional de la Policía, mencionó que se está distribuyendo una lista de “autores intelectuales, líderes identificados, integrantes de bandas y pandillas” para su inmediata detención.

Además, se realizan operativos para detectar y destruir plantaciones de marihuana y coca utilizadas en la producción de cocaína, así como centros de procesamiento de drogas ilegales. En diciembre de 2022, Honduras declaró el estado de emergencia en respuesta a un aumento de la delincuencia atribuida al crimen organizado, suspendiendo ciertos derechos constitucionales en el proceso.