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La propuesta de la candidata oficialista Rixi Moncada, orientada a la eliminación de la Central de Riesgos, provocó un notable rechazo en diversos sectores sociales, impactando directamente en la disminución de su respaldo electoral. Esta iniciativa, impulsada durante la campaña de LIBRE, tenía como objetivo agilizar el acceso al crédito, argumentando que dicha institución «oprime a los sectores más vulnerables».
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Reacciones de expertos y sectores financieros
La medida planteada por Moncada fue recibida con reservas por economistas y actores del sistema financiero. Consultores y analistas advirtieron que su implementación resultaría impracticable, incrementando la incertidumbre financiera y debilitando los mecanismos de evaluación de solvencia de los prestatarios.
Según un especialista consultado, la propuesta fue percibida como populista e inviable técnicamente. Esta situación generó inquietud entre bancos, cooperativas, inversionistas y ciudadanos, quienes anticiparon un posible desorden financiero.
Empresarios y asociaciones financieras describieron la idea como “estrafalaria” y desconectada de la realidad económica del país. Señalaron que su ejecución podría elevar la morosidad, limitar las oportunidades de financiamiento y afectar la fortaleza del sistema bancario.
Impacto en la percepción del electorado
Los efectos de esta propuesta se reflejaron rápidamente en encuestas y mediciones de opinión. Rixi Moncada mostró un descenso sostenido en la intención de voto, particularmente entre sectores urbanos y de clase media, quienes valoran la estabilidad económica, el acceso al crédito y la seguridad en el empleo.
El rechazo de la ciudadanía evidenció una tendencia clara: los votantes no respaldaron medidas que podrían comprometer la solvencia del sistema financiero. Analistas sostienen que este punto específico de la campaña de LIBRE se convirtió en un factor crítico para explicar la derrota de la candidata.
Implicaciones para la *gobernanza* y la *institucionalidad*
Más allá del impacto electoral, la controversia generada por la propuesta de eliminar la Central de Riesgos pone de manifiesto las tensiones en torno a la institucionalidad financiera en Honduras, así como la intrínseca relación entre las propuestas políticas y la estabilidad económica. Este debate ha abierto una profunda reflexión sobre la capacidad del Estado para sostener mecanismos de control crediticio sin menoscabar la inclusión financiera, un aspecto crucial para la gobernabilidad y la confianza de los inversores.
La experiencia también evidencia cómo los proyectos de corte radical en materia económica pueden enfrentar resistencias significativas cuando no se articulan con evaluaciones técnicas ni se comunican de forma clara a los ciudadanos. En este caso, la combinación de rechazo de expertos y desaprobación del electorado urbano fue determinante.
Retos y tensiones actuales
La derrota de Moncada subraya la vigilancia de la ciudadanía frente a medidas que afecten la seguridad financiera del país. Honduras enfrenta ahora el reto de consolidar un marco institucional sólido, donde la estabilidad del sistema bancario y la inclusión financiera puedan coexistir sin generar riesgos sistémicos.
Los partidos políticos deben sopesar con rigor las propuestas de gran calado económico antes de divulgarlas al electorado, conscientes de la relevancia de la credibilidad institucional, la opinión técnica especializada y la percepción ciudadana para la gobernabilidad y la cohesión social.