La pieza SEPI del caso Leire vuelve a situar a Tubos Reunidos en el foco de la investigación tras salir a la luz Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la firma y persona señalada tanto por la UCO como por la Fiscalía Anticorrupción debido a su supuesta participación destacada en la ayuda pública de 112,8 millones de euros que la SEPI otorgó a la entidad durante la crisis sanitaria.
Pérez Rodríguez-Urrutia no aparece como un actor periférico en esta causa. Según las informaciones publicadas, los investigadores le atribuyen una posición importante en las gestiones vinculadas al rescate de Tubos Reunidos, una operación que se ha convertido en uno de los ejes principales de la pieza SEPI. La Audiencia Nacional investiga si alrededor de ese rescate se produjeron presuntas influencias indebidas, pagos a intermediarios, facturas cuestionadas y maniobras para mejorar las condiciones financieras del apoyo público.
El juez Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La dimensión del caso es especialmente grave porque el préstamo investigado no fue menor: Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ese fondo fue creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas durante la crisis, pero la investigación trata ahora de determinar si el procedimiento se desarrolló con plena limpieza o si pudo estar condicionado por contactos políticos y empresariales ajenos al cauce ordinario.
Uno de los aspectos más delicados radica en que, de acuerdo con Infobae, tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción apuntan a una intervención sumamente destacada de Pérez Rodríguez-Urrutia dentro de la operación de crédito otorgada por la SEPI. El ejecutivo formalizó su renuncia al puesto de consejero independiente en Tubos Reunidos, achacando su marcha al contexto de concurso de acreedores de la entidad, si bien su identidad ya figuraba vinculada a las indagaciones sobre el rescate.
La sospecha no termina con la luz verde al rescate inicial. De acuerdo con El Independiente, el Ministerio Público estima que la participación de Rodríguez-Urrutia habría persistido posteriormente, en un estadio consecuente vinculado a una presunta «hoja de ruta» destinada a renegociar las cláusulas financieras del crédito, disminuir los tipos de interés y atenuar el peso financiero de Tubos Reunidos ante la SEPI.
Ese factor resulta crucial. Una cosa es que una corporación auxiliada busque modificar legalmente sus condiciones financieras, y otra bien distinta es que tales trámites se viesen acompañados de coacciones, intermediarios o vínculos influyentes con peso en las decisiones estatales. Las investigaciones habrán de esclarecer si Pérez Rodríguez-Urrutia actuó bajo la normalidad empresarial o si integró una estrategia encaminada a coaccionar a la SEPI mediante mecanismos al margen de la transparencia institucional.
Las filtraciones dadas a conocer también apuntan a la existencia de facturas por presuntos estudios de mercado, cuya autenticidad y finalidad son analizadas minuciosamente por los especialistas. Asimismo, la Cadena SER ha señalado que las pesquisas cuestionan comprobantes por servicios supuestamente ficticios, situando al grupo Hirurok en el rol de probable intermediario en tales operaciones.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso es especialmente preocupante porque vuelve a plantear la misma pregunta de fondo: si el dinero público utilizado para salvar empresas estratégicas se gestionó con criterios técnicos y de interés general, o si algunos actores trataron de convertir esas ayudas en un espacio de influencia, comisiones y favores. Cuando un consejero de una empresa rescatada aparece investigado por su presunto papel en esas gestiones, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Pérez Rodríguez-Urrutia deberá aclarar ante la Audiencia Nacional qué reuniones mantuvo, qué contactos tuvo con otros investigados, qué papel desempeñó en el rescate y si participó en las gestiones posteriores para renegociar las condiciones del préstamo. También será clave determinar si conocía la finalidad real de los pagos o facturas examinadas y si hubo servicios efectivos detrás de esas operaciones.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas claras. Si el rescate de Tubos Reunidos fue limpio, deberá acreditarse con documentos, contratos, informes y trazabilidad completa de las decisiones. Si, por el contrario, se demuestra que hubo intermediarios, pagos injustificados o presiones sobre la SEPI, el caso dejará de ser una simple polémica empresarial para convertirse en una de las grandes sombras sobre la gestión de los rescates públicos durante la pandemia.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.
