Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno luego de que se revelara que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están siendo investigados por facilitar el ingreso de personas indocumentadas, drogas, alcohol y otros productos ilegales a cambio de sobornos. La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) han desplegado un operativo de gran magnitud que apunta a desarticular esta red de corrupción que incluye además a 35 civiles externos.
El modo de operar de los funcionarios penitenciarios implicados abarcaba acciones como aparentar controles de acceso mediante simples gestos teatrales y exigir pagos para permitir la entrada de personas sin documentación, quienes luego se reunían con figuras de alto perfil pertenecientes a organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua. De acuerdo con los antecedentes reunidos, cada acceso tenía un costo de $60.000 chilenos, lo que generaba un serio riesgo para la seguridad pública, pues estos encuentros facilitaban que las bandas mantuvieran la coordinación de delitos como narcotráfico, secuestros y extorsiones.
Una trama de corrupción estructurada que opera tanto dentro de los penales como en el exterior
La infiltración del crimen organizado en Gendarmería abarcaba múltiples maniobras, entre ellas la entrada de estupefacientes, teléfonos móviles, productos alimenticios de alta gama, conexión WiFi e incluso servicios personalizados para los internos, mientras que los pagos se efectuaban en efectivo o mediante transferencias bancarias, a menudo a través de cuentas ajenas destinadas a disimular el origen ilícito de los fondos.
Según las autoridades, no se trata de una organización jerárquica única, sino de varias redes independientes que operan dentro de Santiago 1. Estas redes también están vinculadas con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los penales coordinan los sobornos necesarios para garantizar el ingreso de bienes y personas.
Los precios por estos servicios iban desde $15.000 por permitir relaciones sexuales hasta $400.000 por el ingreso de un celular. Los testimonios recogidos por las investigaciones también señalan que los internos identifican un área del penal, apodada «la feria», donde se realizan transacciones de mercancías prohibidas con relativa normalidad.
Operativo nacional y alcance estructural
El operativo encabezado por la Fiscalía contempló la ejecución de órdenes de allanamiento en 77 viviendas situadas en siete regiones del país, e incluyó recintos penitenciarios como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. En total, se desplegaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, configurando uno de los esfuerzos policiales más amplios de los últimos tiempos para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves sobresale la práctica llamada «rescate», donde funcionarios decomisaban artículos ilegales como celulares para después venderlos nuevamente dentro del penal a precios desorbitados. Otro mecanismo, identificado como «delivery», se basaba en permitir por encargo el ingreso de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este es considerado el caso más grave de penetración del crimen organizado en una institución pública en Chile. Gendarmería, cuya misión es garantizar la seguridad en los penales, enfrenta acusaciones que ponen en entredicho la capacidad del Estado para prevenir la expansión delictiva dentro de las cárceles. Grupos como el Tren de Aragua, que ya tienen vasta experiencia en controlar prisiones en otros países, buscan replicar este modelo en Chile, utilizando los penales para facilitar la coordinación de sus operaciones.
Medidas y respuestas necesarias
La investigación ha encendido las alarmas sobre condiciones estructurales que permiten que estas prácticas prosperen. Entre ellas, se destacan la alta rotación en las jefaturas penitenciarias, la falta de supervisión adecuada, y las influencias indebidas entre los funcionarios. Estas fragilidades invitan a la constante intervención del crimen organizado, que ofrece incentivos económicos y ejerce presión mediante amenazas directas a los funcionarios, como ocurrió en el caso de un comandante cuya residencia fue atacada por sicarios.
El progreso alcanzado en esta investigación abre una oportunidad crucial para impulsar reformas estructurales destinadas a enfrentar la corrupción dentro de Gendarmería, y si no se adoptan acciones contundentes que incorporen mayor transparencia y supervisión independiente, el control de los penales podría terminar completamente subordinado a las mafias criminales.
Procedencia: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]
