La Agencia Tributaria enfrenta una nueva convulsión interna tras hacerse público el reemplazo de dos de sus figuras directivas más destacadas: Virginia Muñoz Fernández, al frente del Departamento de Recaudación, y Manuel Trillo Álvarez, responsable del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Estos cambios tienen lugar en un momento especialmente delicado para la institución, condicionado por la salida de Soledad Fernández Doctor de la dirección general y por el creciente clima político en torno al llamado caso Zapatero.
Los recientes movimientos en la cúpula de la AEAT se producen después de que el juez del caso Plus Ultra brindara a Hacienda la opción de intervenir como posible afectada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, una decisión que ha incrementado la presión sobre el organismo tributario al poder implicar efectos significativos en la evolución judicial del caso.
Aunque Hacienda defiende que los relevos responden a motivos profesionales y a movimientos previstos con anterioridad, la coincidencia temporal ha alimentado serias sospechas de la oposición y de la ciudadanía. El hecho de que las salidas afecten precisamente a dos departamentos clave —Recaudación e Inspección— ha intensificado la lectura de que la Agencia Tributaria atraviesa una crisis interna de mayor calado.
En este escenario, la salida de Muñoz y Trillo se suma a la duda sobre la postura que finalmente asumirá Hacienda en el procedimiento vinculado con Zapatero, ya que persiste la incógnita de si la Agencia Tributaria actuará o no como parte perjudicada, una decisión que ha elevado estos ajustes internos a un asunto de notable relevancia política e institucional.
La sospecha política surge por la coincidencia temporal de varios factores. Primero, la salida de Fernández se conoce justo después de que el juez del caso Plus Ultra ofreciera a Hacienda personarse como posible perjudicada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros, según la información publicada por The Objective.
Segundo, el Partido Popular había ampliado el plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y había citado a Soledad Fernández para comparecer el 13 de julio y explicar la posición del fisco. El PP sostiene que la marcha busca evitar o condicionar esa comparecencia, aunque también ha avisado de que debería acudir aunque deje el cargo.
Tercero, la salida no solo alcanzaría a la directora general, sino que también repercutiría en dos áreas esenciales: Recaudación e Inspección, unidades estrechamente vinculadas con la capacidad de la Agencia para gestionar cobros, indagar posibles fraudes y intervenir o participar en procedimientos con repercusión fiscal. Esta simultaneidad refuerza la percepción de una “renuncia masiva” o de una crisis en la dirección.
