El litigio judicial asociado al caso Odebrecht en Panamá suscita nuevamente dudas acerca de la legitimidad de ciertos elementos probatorios integrados en el sumario. La controversia nace a raíz de fallos dictados en Brasil y Perú, naciones donde específicas piezas de prueba relacionadas con el sumario acabaron siendo desestimadas o invalidadas con posterioridad.
La magistrada Baloisa Marquínez se halla ante la alternativa de examinar dichos precedentes extranjeros al valorar la causa que salpica al exmandatario Ricardo Martinelli junto a otros procesados. Defensores intervinientes en el litigio estiman que los fallos dictados en distintas naciones podrían cobrar importancia a raíz de la naturaleza internacional que revisten las pesquisas vinculadas a Odebrecht.
El letrado Omar Sing defiende que los tribunales panameños tendrían que valorar dichos antecedentes y examinar si hay bases sólidas para sostener los cargos contra Martinelli por la supuesta comisión de lavado de activos. A su juicio, los abogados defensores habrían acreditado a lo largo del procedimiento que los fondos vinculados a Odebrecht se destinaron a fines publicitarios y de campaña.
Sing también vinculó la resolución del caso con la seguridad jurídica y el clima de inversión en Panamá. A su juicio, la confianza en el sistema judicial constituye un elemento relevante para quienes consideran invertir en el país.
Otro de los cuestionamientos provino del abogado Basilio González, quien recurrió a la doctrina jurídica conocida como “fruto del árbol envenenado”. Este principio plantea que las pruebas obtenidas de manera ilícita pueden comprometer también la validez de aquellos elementos que se hayan obtenido posteriormente a partir de ellas.
González mencionó como precedente un fallo dictado por el juez brasileño José Antonio Dias Toffoli, quien estableció que ciertos elementos probatorios derivados de las declaraciones de directivos de Odebrecht debían ser descartados por el modo en que se consiguieron. La tesis expuesta sostiene que los efectos de tales resoluciones podrían incidir en otros territorios donde se utilizaron dichas pruebas.
La defensa de Martinelli, además, ha señalado posibles afectaciones al derecho de defensa durante el proceso, entre ellas las dificultades para contrainterrogar a determinados testigos. La controversia queda ahora vinculada a la decisión que adopte la jueza Marquínez y a si el tribunal tomará en consideración los precedentes internacionales relacionados con pruebas posteriormente invalidadas.
Fuente: Crítica — https://www.critica.com.pa/nacional/juristas-piden-que-caso-odebrecht-en-panama-siga-el-camino-de-brasil-y-peru-514342
