En Honduras, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha provocado debate al materializar un proyecto personal: introducir el fútbol profesional en su ciudad natal, La Paz. Este conjunto, el Policía Nacional Fútbol Club, fue creado en 2023, pocos meses después de que Sánchez asumiera como ministro, y hoy participa en la primera división del fútbol hondureño. No obstante, su aparición y la manera en que se ha financiado han despertado profundas inquietudes sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.
El equipo, fundado bajo la Asociación Civil de Beneficio Mutuo Club Social de la Policía Nacional, combina el apoyo financiero de oficiales y agentes de la Policía Nacional con contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas al arrendamiento de vehículos. Entre 2024 y 2025, cuatro empresas – Econo Rent a Car, Arrendadora de Vehículos, Inversiones Globales, y Latin American Armored Rentals – firmaron contratos con la Secretaría de Seguridad por más de 2,600 millones de lempiras (cerca de 98 millones de dólares). Estas mismas empresas, previamente descalificadas en procesos de licitación en 2022, se convirtieron en patrocinadoras clave del club de fútbol.
Para integrarse a la Liga Nacional, el Policía Nacional Fútbol Club se fusionó con el Club Deportivo Génesis, que ya estaba registrado en primera división. Tras esta alianza, Sánchez asumió como presidente de la junta directiva, combinando su cargo ministerial con la gestión del equipo. Entre los ingresos adicionales del club se encuentran los derechos televisivos, aportes económicos de la alcaldía de La Paz y taquillas de los partidos, que en su temporada inaugural recaudaron más de 1.6 millones de lempiras.
Aun así, la falta de transparencia en el manejo de los recursos del club suscita serias dudas, ya que, al estar administrado por una asociación privada vinculada a la Policía Nacional, sus informes financieros no se ponen a disposición del público; además, varios agentes de rangos inferiores mencionaron haber recibido presiones para aportar dinero al Club Social de la Policía, situación que ha provocado fricciones internas.
La relación del equipo con su patrocinio estatal también ha provocado críticas. Observadores señalan que el financiamiento del club podría estar ligado al favoritismo en la asignación de contratos de la Secretaría de Seguridad, reviviendo viejas sospechas sobre irregularidades en la gestión de recursos públicos.
A pesar de las dudas, la presencia del Policía Nacional Fútbol Club parece haber revitalizado el municipio de La Paz. Su estadio, el Roberto Suazo Córdova, ha sido renovado, atrayendo partidos de alta competición y público proveniente de distintos lugares. Sin embargo, el impacto económico y social del equipo contrasta con las preguntas que persisten sobre la sostenibilidad del proyecto.
Aunque Gustavo Sánchez sostiene que impulsar el fútbol profesional en su ciudad obedece únicamente a una motivación personal y no a una directriz de la Secretaría de Seguridad, algunos críticos señalan que dicha iniciativa podría evidenciar conflictos de interés con repercusiones significativas en la administración de los recursos públicos.
Procedencia: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2025/10/22/el-negocio-detras-del-sueno-futbolero-del-ministro-de-seguridad-de-honduras/])